“Hay argumentos más que suficientes para que el Ayuntamiento paralice la venta de nuestras casas”, afirman los vecinos de los cuatro edificios que el consistorio madrileño subastará el próximo 13 de septiembre. “Nuestra idea es no tener que llegar a la vía judicial, pero aunque haremos todo lo posible, no la descartamos”, explica Alejandro Muñoz, uno de los portavoces de la Plataforma de afectados por la subasta de la EMVS.
De momento, ya han comenzado las colectas entre los 630 inquilinos para contratar a un abogado y los primeros contactos con varios despachos madrileños expertos en expropiaciones. El 1 de septiembre, los vecinos se reunirán con los abogados de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
En ese “todo lo posible” incluyen la posibilidad de la mediación de Esperanza Aguirre, a la que ayer solicitaron formalmente una reunión. De momento, el único encuentro con el ejecutivo regional de los vecinos se produjo, el pasado 10 de agosto, con Juan Blasco, viceconsejero de Vivienda y Suelo, ya que es la Comunidad de Madrid la tiene que dar el último sí a la operación promovida por el Ayuntamiento.
Esta mañana, un grupo de cuarenta vecinos se ha manifestado delante de la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y aún prevén dos concentraciones más los próximos 1 el 3 de septiembre.
La Comunidad dará el último sí
“En este momento, la mayor confianza la tenemos puesta en Esperanza Aguirre, y seguimos esperando que nos dé una cita para poder reunirnos con ella, otra cosa es que quiera y pueda. Aún así, no descartamos otras vías, como la legal”, afirma Muñoz.
Sin embargo, según explican en la consejería regional de Vivienda, “el Ayuntamiento no tiene que obligación de notificar nada mientras no se concrete quién será el comprador y las condiciones de la venta”, por lo que el gabinete de Gallardón no ha incurrido en irregularidades en este aspecto.
Una vez haya concluido el plazo de subasta abierto por la EMVS, el futuro comprador tendrá que pasar el examen de la Comunidad, que debe asegurarse de que éste reúne las condiciones para cumplir con los compromisos como gestor de vivienda pública.
La decisión es firme
El miércoles pasado, Juan José De Gracia, máximo responsable de la EMVS, se mostró tajante en su decisión de enajenar los cuatro edificios de Sanchinarro, Carabanchel, Pavones y Vallecas. De Gracia, afirmó que los 64 millones euros que podría ingresar, en principio, el municipio se destinarán a nuevas promociones de vivienda en alquiler.
Este verano, el Ayuntamiento ha dado un giro a su estrategia de vivienda protegida, ya que su objetivo será crear un parque de viviendas de rentas bajas y rotatorio, con contratos de alquiler de cinco años, y no de quince como los actuales.
Dudas sobre la propiedad
Antes de llegar a los tribunales y alargar el proceso, los vecinos esgrimen aún varias bazas. En primer lugar, “la ley dice que los edificios deben enajenarse en su totalidad, pero al menos en el caso de las promociones de Carabanchel y Vallecas, los garajes y los locales comerciales ya fueron vendidos a particulares por la EMVS”, estima Muñoz.
Para algunos vecinos, que les haya tocado a ellos o no es una cuestión menos importante que el hecho de que, como explica Sara Moreno, inquilina de Vallecas 6, “se esté sentando un precedente en el que el Ayuntamiento cederá un edificio público, construido sobre suelo público a una empresa privada. Es decir, que, gracias al dinero de todos, se vaya a enriquecer un particular”.
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