La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró este viernes que “es el momento de la vivienda protegida”, y recordó que el alquiler y la rehabilitación completan los tres ejes en materia de vivienda dentro de la estrategia de economía sostenible del Gobierno.

Corredor recordó durante la inauguración de I Salón de vivienda social, asequible y sostenible de Madrid que las viviendas protegidas representaron el 50% de todas las iniciadas en España en el tercer trimestre de 2009.

“También podrán desgravarse los que rehabiliten, porque vamos a ampliar el concepto de rehabilitación a efectos fiscales para mejorar el tratamiento de las obras que incrementen la eficiencia energética y la accesibilidad de los hogares”, añadió.

Asimismo, afirmó que, “a través de la Ley de Economía Sostenible, el Gobierno va a acabar con la desventaja histórica que sufrían las familias que optaban por el alquiler, de forma que los inquilinos tendrán exactamente la misma deducción fiscal que quien opte por comprar”.

La Sociedad Pública de Calp no se caracteriza precisamente ni por su volumen de negocio ni por su rentabilidad. El PSPV denunció ayer que esta entidad municipal, creada en la pasada legislatura por el entonces alcalde, el popular Javier Morató, para promover y construir VPO, ha gastado durante sus cuatro años de existencia más de 240.000 euros “sin que haya edificado ni uno solo de los inmuebles” para los que la firma pública fue concebida. Los gastos, según el PSPV, se han disparado a más de 60.000 euros por anualidad fundamentalmente para pagar a la gerente de la entidad, que ocupa un puesto de alta dirección.

La sociedad fue formada por Javier Morató en 2006 con un capital social de 600.000 euros de dinero público y su primer objetivo era la venta de 14 VPO en un solar adquirido a través de una permuta. Morató es ahora el primer teniente de alcalde en el gobierno con el Bloc. Ayer, los socialistas denunciaron la parálisis de la entidad y la falta de “transparencia” del actual ejecutivo de Calp.

El Gobierno trata de evitar que la crisis afecte al parque de vivienda protegida. Este mes firmára un convenio con 26 entidades financieras (entre ellas todas las vascas) que contempla la recompra de VPO cuyas hipotecas se encuentren en situación de impago. El objetivo es que los bancos y cajas vean menos riesgo en la concesión de préstamos para la adquisición de pisos de protección a personas que han resultado adjudicatarias en los sorteos.

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