La medida sólo es aplicable a las viviendas con menos de dos años de antigüedad

Existe un consenso generalizado en torno a que no será posible reactivar el sector inmobiliario y la construcción sin drenar antes el stock de viviendas que se ha generado durante el parón de las ventas. Se estima que hay un millón de viviendas en esa situación en el Estado y la apuesta del Gobierno central para liberar esa bolsa de pisos sin salida se centra sólo en una pequeña parte, la vivienda de reciente construcción -como máximo dos años de antigüedad- que está en manos de los promotores y, a partir del próximo año, de los bancos.

La prórroga del actual programa de conversión de pisos en VPO, adscrito al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, recoge como novedad la posibilidad de que personas físicas -ciudadanos- o jurídicas -empresas- tengan a su disposición ese mecanismo. A efectos prácticos, los principales beneficiarios de la medida serán los bancos y cajas que han creado filiales inmobiliarias y que ya han aplicado sustanciosas rebajas en los precios de sus stocks. También los compradores de esas viviendas, porque tendrán acceso a las ayudas públicas y a las líneas blandas de hipotecas de las VPO. Además pagarán menos que si ese mismo piso estuviera en el mercado libre. Existen en cambio serias dudas sobre si los vendedores particulares saldrán beneficiados.

antigüedad de dos años En una conferencia organizada por Europa Press, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, animó ayer a los particulares a utilizar esa herramienta. Sin embargo, en el sector se considera más que improbable que un ciudadano que escrituró hace dos años un piso lo venda ahora a precio de protección oficial.

En la mayoría de los casos el precio de compra fue pactado antes de la fecha tope de antigüedad. Su valor fue tasado antes de la crisis y no refleja la caída que ha registrado el sector los últimos 24 meses. Los ciudadanos más acuciados por las deudas pueden verse obligados a activar la conversión en VPO, no parece que vaya a ser una decisión generalizada entre los propietarios.

Sí puede ser un recurso para las entidades financieras como lo era hasta ahora para los promotores. Para ambos es mejor rebajar el precio que continuar en ese escenario colapsado de viviendas que les impide seguir construyendo o vendiendo con normalidad. No obstante, ni para ellos es la mejor solución. Los promotores están explorando otras posibilidades para liberar el stock sin que tengan que rebajar tanto los precios. El presidente de la patronal de promotores y constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, consideró ayer que las medidas planteadas por Madrid son “positivas”.

el sector pide más Tras la conferencia de la ministra, Galindo avanzó que su organización se encuentra preparando en paralelo una propuesta para que también se puedan absorber los inmuebles sin vender a través de la figura de la vivienda usada. En cuanto a si los particulares harán uso efectivo del programa, el presidente de los promotores consideró que “ese arbitraje lo tiene que hacer cada persona, igual que los promotores ajustan los precios”.

No entró la ministra en ese terreno ni tampoco en los posibles beneficios que tendrá la banca, en lo que ha sido interpretado en algunos sectores como otra línea de ayudas para los agentes financieros.

Así, preguntada por la posible competencia desleal que podrían estar ejerciendo las entidades financieras, que pueden afrontar mayores descuentos, Corredor se limitó a indicar que “son otros agentes más del mercado inmobiliario”.

La ministra pidió a los ciudadanos y empresas que asuman las limitaciones de las viviendas protegidas para “compensarlas” con las ventajas de su venta como VPO.

Corredor insistió en que la absorción del stock no debería producirse únicamente por la vía de la compra, sino también del alquiler, y aseguró que el alquiler con opción a compra es una “opción preferida” por muchos promotores, como demuestra la entrada de hasta 25.000 viviendas procedentes de la bolsa en la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) para su gestión.